Una de las manifestaciones más procaces del poder es la impunidad. Dicha capacidad de amenazar, hostiga, coartar y reprimir las libertades individuales o colectivas son posibles gracias a un aparato que detenta instrumentos que protegen a quienes empuñan amenazas, siempre contra aquellos que pretenden tener fuerza de autoridad sobre la o el otro. Es el caso de la precandidata a diputada local del PRI por Zimapán, Liliana Oropeza, quien desde hace unas semanas permanece en su campaña de hostigamiento al director del diario La Crónica en Hidalgo, Andrés Torres Aguirre y algunos de sus reporteros, por la llana sinrazón de no ser congraciada con lo que se escribe de ella. La coordinación del PRI a la gubernatura y al Congreso local, deberán entender que ni con dinero ni con agresiones se logra la simpatía periodística. Esta se da –si acaso existiera tácitamente-, sobre una trayectoria de congruencia personal y política en la que no pueden caber chantajes, reprimendas o acoso de ningún tipo contra las y los trabajadores del periodismo. La línea que divide las relación profesional entre reportero y político es fácil de entender; acatarla, es lo difícil.