Luego de la liberación por vía de fianza del defensor jacalense de derechos humanos José León Rivera, quedan los rastros de las agresiones sufridas por él y su familia por parte de los policías que lo aprehendieron arbitrariamente y que ejercieron violencia explícita, tanto física como psicológica, en su contra, en un Estado donde más del 60 por ciento de las violaciones a derechos humanos se dan por parte de efectivos de seguridad. El Centro Prodh, misma organización que ha documentado casos como el de Oaxaca en 2006, precisa que tales actos fueron perpetrados por policías ministeriales adscritos al distrito de Jacala y por policías municipales de La Misión. Toca al gobernador del Estado, a la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión estatal de Derechos Humanos, deslindar todas las responsabilidades de lo ocurrido, para que las y los activistas hidalguenses gocen de cabal autonomía en el ejercicio de su labor y, al mismo tiempo, cese la criminalización de la protesta social en Hidalgo. Es pues, un llamado a tiempo para que prevalezca la paz y un acto de justicia institucional para León Rivera, sería el primer gran paso.